El Ayuntamiento de Marbella quiere pedir la extradición de Carlos Fernández por el ‘caso Malaya’
De esta forma, va a solicitar la extradición del ex concejal Carlos Fernández, detenido el pasado 15 de septiembre en Argentina al considerar que sus responsabilidades no han prescrito.
Lo ha anunciado hoy el portavoz del equipo de Gobierno, Félix Romero, quien ha explicado que se pedirá esta medida en el marco de la acusación particular que el Consistorio ejerce en el ‘Caso Malaya’ “porque es vital que se esclarezca y se cierre de una forma definitiva la herida que supusieron estos hechos para Marbella”.
“Es fundamental que todas las personas que estuvieron implicadas en la trama que se organizó en la época anterior a la disolución de la Corporación den todas las explicaciones pertinentes no sólo de qué sucedió sino, sobre todo, sobre adónde fue el dinero que desapareció y de cómo se pueden recuperar esas cantidades millonarias que se perdieron y que a fecha de hoy, pese a tener sentencias, no se han restituido al erario público de Marbella”, ha subrayado tras la celebración de la Junta de Gobierno Local.
Romero ha recordado que el Ayuntamiento, que “no ha dejado de tener representación procesal durante el procedimiento”, va a seguir “el mismo criterio de la Audiencia Nacional en su petición de extradición, así como la Fiscalía de Área de Málaga y la Fiscalía Anticorrupción”. “El deseo es que den las explicaciones oportunas en sede judicial y en España”, ha apuntado el edil, quien ha señalado que así se le trasladó a la asesoría y al gabinete jurídico, que han determinado que procede la petición de extradición.
En este sentido, ha apuntado que el Tribunal Supremo sentenció que existía un delito continuado de cohecho por el que se condenó al resto de compañeros del Fernández “ya que se estableció que dictaron resoluciones injustas sucesivamente en el tiempo estimulados por las dádivas que realizaba Juan Antonio Roca Nicolás, que era quien abonaba esas cantidades”. “Que se haya reconocido ese delito es importantísimo, porque determina que el plazo a contar es de 15 años y, por tanto, la responsabilidad de Carlos Fernández aún no estaría prescrita y sería susceptible de ser juzgado”.
Por último, ha argumentado que se solicitará la extradición en base también “al clamor de la ciudadanía, que quiere que se den explicaciones en sede judicial y que no admiten ni entienden que por una triquiñuela legal alguien que estuvo en esa situación que tanto perjuicio causó para Marbella pueda irse de rositas”.