Turismo

IU exige a la Junta de Andalucía que permita la reapertura íntegra del Hotel Guadalpín Banús

El diputado provincial de Con Málaga, la confluencia conformada por Izquierda Unida, Podemos, Verdes Equo, Más País, Alianza Verde e Iniciativa del Pueblo Andaluz, Juan Márquez, ha presentado esta mañana junto con la Coordinadora Local de Izquierda unida en Marbella, Victoria Morales, y representantes del Comité de Empresa del Hotel Guadalpín Banús una moción en la que se exige la apertura “íntegra” del complejo hotelero y “que se cumpla así la ley de Turismo”.

Márquez ha mostrado en primer “nuestra solidaridad y apoyo a las trabajadoras y trabajadores del Hotel Guadalpín en Marbella” y ha instado a la Junta de Andalucía a “intervenir en base a la Ley de Turismo obligando a la propiedad/es a la apertura integra del Hotel Guadalpín en Marbella” y a que “en el caso de que la propiedad del hotel desatienda la obligación de su apertura íntegra, llevar a cabo una solicitud de medidas cautelares ante la justicia en base al cumplimiento de la Ley 13/2011, de 23 de diciembre, del Turismo de Andalucía”.

El Hotel Guadalpín Banús en Marbella es un complejo hotelero catalogado de 5 estrellas en el que un conflicto entre los propietarios ha dado lugar al cierre de la cocina, el restaurante y otras zonas comunes por orden judicial, afectando por tanto a la prestación de servicios fundamentales para dicha categoría.

En el trasfondo está, como ya ha ido sucediendo en otros complejos hoteleros en la propia ciudad, la pretensión y el riesgo de la conversión del establecimiento hotelero en alojamientos turísticos lo que afectaría por un lado a mermar la oferta turística diferenciadora y de calidad en Marbella, y poner en riesgo la supervivencia de los 180 empleos que actualmente genera la explotación del hotel.

La administración pública competente, en este caso la Junta de Andalucía y en concreto la Consejería de Turismo  debe actuar en base al artículo 41 de la Ley 13/2011, de 23 de diciembre, del Turismo de Andalucía, e intervenir para que se cumpla su propia legislación. 

“Sin embargo, tanto en declaraciones realizadas por parte de responsables de la Consejería como a respuesta de la pregunta realizada al Grupo Parlamentario “Por Andalucía” el 15 de octubre del presente, el Gobierno de Andalucía de nuevo se hace un “Poncio Pilato” y se lava las manos en un asunto que es de su competencia”, ha denunciado Márquez.

“El Gobierno Andaluz se niega a intervenir poniendo como excusa que el cierre parcial del hotel se debe a un conflicto entre propietarios. Una cuestión que no debe hacerle desmarcarse de hacer cumplir la Ley de Turismo. Con independencia de quien sea la propiedad, la Consejería debe velar por el cumplimiento de la unidad de explotación del establecimiento hotelero en primera instancia”, ha recordado el diputado provincial.

Por su parte, la Coordinadora Local de IU en Marbella, Victoria Morales, ha señalado que “a las y los trabajadores de Guadalpín Banús, el 80% actualmente en ERTE, no les vale la “solución” que aporta la Junta de Andalucía. No pueden esperar a que se resuelva el conflicto de intereses conforme a la propiedad, necesitan a una administración que obligue a las partes a cumplir la ley y en primera instancia obligar a las partes a que con independencia del pleito que mantienen sobre la propiedad se haga cumplir el Artículo 41 de la de la Ley 13/2011, de 23 de diciembre, del Turismo de Andalucía, y en segunda instancia, en el caso de que las partes no accedan a ello, pedir medidas cautelares para que mientras se resuelva el caso, no se afecte el cumplimiento de la legislación autonómica”.

Tal y como ha apuntado la presidenta del Comité de Empresa, Jacqueline Largacha, a  las y los trabajadores de Guadalpín Banús no les vale la actitud de “dejación de funciones” que está desarrollando la Junta de Andalucía “poniéndose de perfil”.

Al igual que al sector Turístico en general “no les vale el papel que está desarrollando el Gobierno Andaluz en tanto en cuanto a la apuesta por un modelo insostenible en términos económicos, sociales, medioambientales y laborales, siendo este caso buena prueba de ello”.

“En este sentido, no es válida la decisión de esperar y lavarse las manos del Gobierno Andaluz en un caso en el que se sigue el manual básico para la transformación de un Hotel en Alojamientos de Uso Turístico. Tiene que blindar las plazas hoteleras que generan puestos de trabajo, frente a los negocios especulativos de los alojamientos que apenas tiene impacto en la generación del empleo y si lo tiene no son con plantillas de cierta dimensión que a través de su representación y acción sindical logran mantener unas condiciones laborales y salariales dignas”, ha concluido Márquez.