El Gobierno prevé que más de 346.000 malagueños se beneficien de la subida de las pensiones y del IMV
Un total de 346.547 malagueños se beneficiarán de la revalorización de las pensiones aprobada este martes en Consejo de Ministros, que establece una subida del 8,5% para las pensiones contributivas y un incremento extraordinario del 15% para las no contributivas y para el Ingreso Mínimo Vital (IMV).
En concreto, y según un comunicado de la Subdelegación de Gobierno en Málaga, la revalorización de las pensiones afectará positivamente a los 279.523 pensionistas contributivos y a los 67.024 beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital en la provincia.
Este incremento se suma a las medidas del nuevo decreto-ley para hacer frente a las consecuencias de la guerra en Ucrania, «que demuestran que el Gobierno de España es la única administración que está tomando medidas para proteger a los ciudadanos y al tejido productivo», ha subrayado el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas.
Ha destacado que «el Gobierno está centrado en la protección de las personas y del empleo, impulsando medidas que benefician a la clase trabajadora, a las personas más vulnerables, a las empresas y a los sectores más afectados por las consecuencias de la guerra en Ucrania».
El subdelegado ha hecho especial hincapié en las medidas para proteger el derecho a la vivienda «de especial importancia en una ciudad como Málaga en la que hay una importante escalada en los precios. Siendo las políticas urbanísticas y de vivienda transferidas a ayuntamientos y comunidades autónomas, el Gobierno de Pedro Sánchez sí que toma medidas para mitigar este aumento de precios que sufren los malagueños».
Ha recordado que se prorroga la limitación extraordinaria de la actualización anual del alquiler de la vivienda habitual, impidiendo subidas superiores al 2%; el decreto-ley extiende hasta el 31 de diciembre la suspensión de desahucios y lanzamientos en hogares vulnerables sin alternativa habitacional.
También se habilita una prórroga extraordinaria de seis meses, a petición del arrendatario, de la vigencia de los contratos de arrendamiento que finalicen antes del 30 de junio de 2023. Durante esos seis meses se seguirán aplicando los términos y condiciones establecidos para el contrato en vigor.
Javier Salas ha destacado que medidas como la prórroga de las rebajas fiscales en el recibo de la electricidad y del gas, la congelación del precio de la bombona de butano y la bajada del IVA de los alimentos de primera necesidad «dará alivio a todos los hogares, pero en especial a los de rentas más bajas».