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El PP pide informe de legalidad al secretario del ayuntamiento sobre cinco expedientes municipales

El concejal del grupo municipal popular y parlamentario andaluz, Félix Romero, ha informado hoy de que su grupo va a presentar por registro de entrada un escrito que solicita diversos informes de legalidad al secretario del ayuntamiento, sobre cinco expedientes municipales.

Romero ha aclarado que han sido numerosas las ocasiones en las que el PP ha solicitado información al tripartito sobre estos asuntos, que por supuesto no han respondido, tras destacar que la oposición tiene la obligación y el derecho de solicitar esa información, así como los fundamentos jurídicos en los que se sustentan los acuerdos municipales.

El también parlamentario ha explicado que la posibilidad de pedir informe de legalidad al secretario sobre asuntos que el PP llevará a pleno, viene amparado tanto en el Reglamento de Organización y Funcionamiento de las corporaciones locales, en el texto refundido de la Ley de Régimen Local y en el Reglamento Orgánico de Pleno y Comisión.

Romero ha explicado que uno de los análisis de legalidad que se pide al secretario se basa en el hecho de que el pleno de junio de 2015 aprobó un punto sobre la estructura organizativa del ayuntamiento, que establecía cinco áreas de gobierno de servicios descentralizados, lo que choca con el reglamento que aún está en vigor, porque no ha sido derogado, sobre organización y funcionamiento de los distritos, en el que se establece la creación de nueve de ellos.

Otro de los asuntos sobre los que se reclama informe de legalidad gira en torno a las funciones y tareas del personal eventual del ayuntamiento, toda vez que se tiene constancia de que estos asesores están desempeñando tareas que exceden de sus competencias, lo que hace necesario acotar y definir minuciosamente las funciones propias de los mismos.

Otro de los informes requeridos se refiere al proceso de nombramiento de cuatro trabajadores municipales como responsables o coordinadores de otras tantas áreas, sin que se conozca el proceso selectivo que han realizado para acceder a tales cargos y sin que se haya podido verificar si se han respetado los principios de igualdad, capacidad, libre concurrencia y mérito.

También hemos solicitado un informe para fiscalizar la legalidad del procedimiento de restructuración de personal del departamento de urbanismo y sobre el procedimiento administrativo utilizado para la ampliación en cuatro días de la feria y fiestas de San Pedro del año anterior.

Romero ha recordado que éste es un derecho de la oposición, de los concejales, y “mucho más si cabe” cuando la fuerza política que lo pide tiene casi la mitad de los ediles de la corporación municipal, por lo que, según ha advertido, cualquier cortapisa por parte del equipo de gobierno que vulnere nuestro derecho, tendrá la consiguiente respuesta judicial.