Nulo respeto

Por Manuel Fernández Valdivia

Llevamos años siendo testigos del nulo respeto que los políticos, autoridades y administraciones, demuestran tener por el ciudadano en general y el interés público en particular. Incontables son ya las ocasiones en que nuestros vecinos deben levantarse en grupo para obtener ciertos éxitos en sus deseos para, más tarde; cuando ya ha pasado el temporal, volver, en nuestro caso, el Ayuntamiento a intentar doblegar a los vecinos.

Últimamente, la señora alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, ha vuelto a saltarse el deseo unánime de unos padres que, en su día, dejaron meridianamente claro no querer alrededor del colegio María Teresa León; por las molestias y peligros consabidos, la construcción de una estación de autobuses. Años atrás, fue constituida
la plataforma ciudadana “Por Una Estación Digna” para San Pedro Alcántara, apelando localizar un emplazamiento ideal para este equipamiento, ya previsto en el Plan General de Ordenación Urbana de 2010; en lo que desde hace tiempo es una parcela propiedad de la empresa “General de Galerías Comerciales” que, casualmente, pertenece al dueño del Centro Comercial La Cañada, Don Tomás.

Don Tomás

Y quizás sea ese el motivo por el que, una y otra vez, como en el caso de las lindes, el Ayuntamiento de Marbella y sus gobernantes, incidan y reincidan en menoscabar los deseos de la ciudadanía en este y otros asuntos. Instalar una estación intermodal que contenga la de autobuses, taxis y, en el futuro, la de trenes en otro lugar ya designado oficialmente por su idóneo emplazamiento a 500 metros, en vez de a 130 del colegio, sumaría tener que expropiar los terrenos de Don Tomás donde; perfectamente, cabría un nuevo centro comercial.

Es para pensárselo si claro, tus intereses no discurren en paralelo con el de los vecinos de este pueblo. El empecinamiento municipal ya nos ha costado 300.000 euros, que se fueron por el sumidero construyendo un apeadero que debía ser derribado pasados 4 años, ya que; además de localizarse en zona verde, el edificio recae en una zona de protección del dominio público y servidumbre de la A-7. En Pleno se modificó la calificación de la parcela y el Ministerio de Fomento otorgó un permiso que, desconocemos si fue renovado en algún momento. Ahora tratan de gastar 750.000 euros procedentes de fondos europeos. Pero para rescatar al comercio local no encuentran dinero.

Así las cosas, el conflicto está en ciernes, o no. Porque, de mantenerse la cordura urbanística depende nuevamente la voluntad popular. ¿Estarán padres, madres y
todos los que se involucraron en esta benemérita cruzada, dispuestos a colocarse las pinturas de guerra por sus hijos?
El respeto, si se quiere, se gana con esfuerzo, hay que luchar por él.

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